18 feb. 2016

Se firmó un protocolo para poder "intervenir y disolver" las manifestaciones sociales

Represión en Cresta Roja
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue muy clara: "Queremos cambiar la cultura del corte, no vamos a tolerar la extorsión, los vamos a escuchar, pero no permitiremos que la calle sea un caos.”
Lo dijo tras la reunión del Consejo de Seguridad Interior donde finalmente se aprobó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. 
Según el texto que difundió el ministerio, las fuerzas policiales y de seguridad “procederán a intervenir y a disolver” las manifestaciones.
De alguna manera el gobierno se está adelantando a un tiempo de conflictividad social que auguran. Esta noticia generó inmediatamente repudios a la medida que pretende condicionar y penalizar la protesta social. En el nuevo texto no hay mención alguna a la prohibición del uso de armas de fuego, como sí había en el protocolo implementado por el anterior gobierno en 2011.
Respecto de los derechos que están en juego, establece que “la libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro, manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente, tales como el derecho de peticionar a las autoridades, el de libertad de expresión, de reunión o de huelga; los que a su vez suponen que quienes no participan de una manifestación en la vía pública no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y a ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente”. Esto es, no importa que quien corta una ruta llega a tal acción no porque necesita meramente hacerse escuchar sino porque fueron violados sus derechos constitucionales básicos tales como vivienda, salud, trabajo y alimentación. Ahora es prioridad el derecho a “comerciar y educarse” por sobre el de protestar.
Fuente: Página 12
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