29 abr. 2016

El macrismo y su política comunicacional "consecuencias mediáticas"

La derogación vía decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la medida más conocida del gobierno de Cambiemos respecto de los medios, pero no es la única. El especialista Santiago Marino analiza estas transformaciones y advierte que, ante un mercado acostumbrado a aprovecharse del Estado, se intensifica la lógica de muchas empresas en pocas manos poderosas.
El sistema de medios de comunicación se transformó radicalmente en los primeros meses del gobierno de Cambiemos. No sólo por la serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Macri sino por una activa dinámica en el mercado.

Las transformaciones en los medios privados-comerciales operaron en tres ejes:
 *Compras y fusiones, que potencian mayores niveles de concentración.
 *Incertidumbre respecto del manejo de la pauta de publicidad oficial, sufrida esencialmente por los medios privados comerciales afines al kirchnerismo hasta diciembre de 2015.
 *Pérdida de puestos de trabajo en medios públicos (Infojus Noticias, Radio Nacional y La TV Pública) y privados (con el Grupo 23 como paradigma, aunque la cuestión no se reduce a medios que eran oficialistas). Los despidos exhibieron condiciones precarias de trabajo en un sector fuerte económica y simbólicamente, que recibió mucha inversión pública en los últimos siete años (desde la discusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el Fútbol para Todos).

El conjunto de decisiones tomadas por el nuevo Gobierno favorece el desarrollo privado comercial, desconoce al sector sin fines de lucro y no contempla la concentración de la propiedad como un problema. La decisión del Congreso de avalar los Decretos que modificaron las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, el miércoles 6 de abril, blindó esos objetivos.

Si se compara la estructura de propiedad del sistema de medios de octubre de 2015 con la actual se perciben muchos cambios. No solo por las ventas de incierta concreción de los medios del Grupo 23 al grupo Indalo (de Cristóbal López). También por la incertidumbre reinante en el sistema. Como sostiene Martín Becerra, el mercado de medios argentino es “proto-capitalista”: no se sostiene en la relación entre la oferta y la demanda. La lógica es la de un sector privado comercial que mama constantemente de la teta del Estado. Sin embargo, ostenta un rasgo propio de un sistema mercantil: la precarización de los trabajadores, aspecto muy visible en los primeros meses de 2016 en los conflictos de los medios del Grupo 23, entre otros.
 Era esperable una transformación en la relación gobierno-medios que dejara atrás el “conflicto” como elemento articulador: no de la forma y con la velocidad con que sucedió.

Respecto del eje concentración-precarización, el crecimiento del dominio de pocos grupos en el mercado de medios de la Argentina macrista sucede de forma “alegal”: al costado de la norma. Así, cuando el Ente Nacional Comunicaciones (Enacom) –el nuevo organismo creado por el gobierno y encargado de la regulación y el control del sistema de medios y telecomunicaciones- aprobó la venta de la empresa de telefonía fija Telecom al empresario extranjero David Martínez (titular del Fondo Fintech, que comparte Cablevisión –tiene el 40%- con el Grupo Clarín) no respetó siquiera el Decreto 267/16 del presidente Mauricio Macri, recientemente avalado por el Congreso.

Todo esto sucede en un período que el gobierno califica como “ventana de transición” entre la regulación divergente (es decir, una ley para las telecomunicaciones y otra para las actividades de radio y TV) y el futuro convergente, pero en el que el mercado intensifica su estructura de muchas empresas en pocas manos muy poderosas. El camino a la concentración parece irreversible.

Los cambios generados -y permitidos- por las medidas implementadas (y la reacción que habilitó en la dinámica del mercado) tienen un impacto mayor a lo que el gobierno de la alianza Cambiemos está dispuesto a admitir o reconocer. Esto, incluso, podría jugar en contra de su modelo de construcción de poder porque el crecimiento de la concentración va más allá de lo esperado y el tamaño que adquieren estos conglomerados les da un poder económico y simbólico notable. Nada hace pensar que una nueva ley, aprobada en este contexto, establezca límites a la concentración que demande un nuevo proceso de adecuación y reducción de tamaño y control para estas empresas. Además, su expansión hacia otras áreas que sobrepasan el sistema comunicacional las define como conglomerados cada vez más potentes.

En los primeros meses de la gestión, se percibe una agenda enfocada en el desarrollo comercial de la información, comprendida como una mercancía. La democratización de un sistema escasamente democrático no es el objetivo central. En ese marco, se ve un escenario favorable a la concentración de la propiedad que debería ser morigerado con límites a su expansión y estímulos a la supervivencia de otros medios, otras miradas y perspectivas.

El derrotero de las decisiones del nuevo Gobierno comenzó pocos días después de asumir. Hasta ahora combinó medidas propias de la articulación macrista con elementos que buscan desmantelar el corazón del marco regulatorio heredado. Sus efectos más notables radican, en primer lugar, en la constitución de un organismo de aplicación de la ley –el Enacom- directamente dependiente del Poder Ejecutivo, que ostenta capacidades que de haber sido definidas por el gobierno anterior habrían generado críticas muy profundas en varios de los sectores que apoyan y/o constituyen la alianza Cambiemos. Y, en segundo término, en la flexibilización de los límites a la concentración de la propiedad de medios, uno de los dilemas fundamentales del sistema comunicacional argentino.
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