Las Islas Malvinas son parte integrante del territorio argentino. El Reino Unido las administra actualmente porque mantiene el control efectivo del archipiélago desde la ocupación de 1833, pero esa administración no significa que la disputa de soberanía esté resuelta.
Ese es el punto central que muchas explicaciones simplifican.
Hoy existe una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido reconocida por las Naciones Unidas. Argentina reclama recuperar el ejercicio efectivo de soberanía y Londres sostiene que las Islas son británicas.
Pero no se trata simplemente de dos opiniones equivalentes sobre un territorio cualquiera. Desde la perspectiva argentina existen argumentos históricos, jurídicos y geográficos que explican por qué Malvinas forma parte del territorio nacional y por qué la ocupación británica de 1833 constituye el origen del conflicto que todavía continúa.
Las Malvinas son argentinas, aunque Argentina no las administre
Para entender el problema hay que separar dos conceptos. Una cosa es ejercer el control de un territorio y otra es tener un título soberano reconocido y no disputado sobre él.
Actualmente el Reino Unido administra las Islas. Tiene allí instituciones, autoridades locales y presencia militar.
Argentina no ejerce control efectivo.
Pero la Constitución Nacional Argentina establece expresamente que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante del territorio nacional.
La Disposición Transitoria Primera señala además que recuperar esos territorios y ejercer plenamente la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente de la Nación.
No es una declaración circunstancial de un gobierno. Es una definición constitucional.
¿Por qué Argentina sostiene que las Malvinas le pertenecen?
El argumento argentino no comienza en 1982. Mucho menos depende de la guerra.
Argentina sostiene que heredó los derechos territoriales españoles después de la independencia y que ejerció actos concretos de soberanía sobre las Islas antes de la ocupación británica.
En 1820, David Jewett realizó una toma formal de posesión en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En 1829, el gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacencias al Cabo de Hornos y designó a Luis Vernet como autoridad.
Argentina estaba, por lo tanto, ejerciendo funciones estatales sobre el archipiélago antes de 1833.
Ese período es fundamental para comprender por qué la posición argentina no presenta a Malvinas simplemente como un territorio cercano geográficamente, sino como un territorio sobre el cual existía ejercicio efectivo de autoridad.
"Gloria eterna para estos jugadores"
1833: el hecho que origina la disputa actual
El momento decisivo llegó el 3 de enero de 1833. Ese día una fuerza británica llegó a Puerto Soledad y exigió el retiro de las autoridades argentinas.
La Cancillería argentina describe oficialmente ese episodio como una ocupación ilegal mediante la cual el Reino Unido quebró la integridad territorial argentina y expulsó a sus autoridades.
También puede verse el contexto histórico en nuestro artículo sobre la ocupación británica de 1833.
La corbeta británica HMS Clio, comandada por John James Onslow, intimó a las autoridades argentinas a abandonar las Islas.
No existía una guerra entre Argentina y Reino Unido. La administración argentina fue desplazada por una potencia extranjera y el gobierno argentino protestó.
Ahí está el origen de la controversia que continúa actualmente.
El paso del tiempo no eliminó el reclamo argentino
Una de las fortalezas de la posición argentina es precisamente la continuidad del reclamo. Argentina nunca reconoció formalmente la soberanía británica sobre Malvinas.
Desde el siglo XIX, distintos gobiernos argentinos realizaron protestas y presentaciones diplomáticas reclamando la devolución del archipiélago.
Cambió el régimen político.
Cambió la orientación de los gobiernos.
Cambió incluso profundamente la política exterior argentina.
El reclamo permaneció.
Por eso hablar de Malvinas únicamente a partir de la guerra de 1982 produce una imagen histórica incompleta.
Para 1982, el conflicto llevaba casi 150 años.
¿Qué cambió Naciones Unidas en 1965?
Uno de los momentos más importantes para la posición argentina ocurrió el 16 de diciembre de 1965.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065 (XX).
La resolución reconoció explícitamente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido sobre las Islas e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución.
La Cancillería argentina reúne aquí los antecedentes de Malvinas en Naciones Unidas.
Esto tiene una consecuencia fundamental.
La situación de Malvinas no es internacionalmente la de un territorio cuya soberanía británica haya quedado definitivamente establecida y aceptada por Argentina.
Si no existiera una controversia, Naciones Unidas no habría llamado durante décadas a negociar una solución.
La ONU no reconoció las Malvinas como británicas
Este punto merece decirse con claridad.
Naciones Unidas no reconoció una soberanía británica definitiva sobre las Islas.
Por el contrario, Naciones Unidas mantiene la Cuestión Malvinas dentro de su agenda de descolonización y continúa exhortando a Argentina y Reino Unido a buscar una solución negociada.
También hay que evitar la exageración inversa.
La Resolución 2065 tampoco funciona como una sentencia de un tribunal que haya adjudicado jurídicamente las Islas a Argentina.
Lo que sí hizo —y esto es decisivo— fue reconocer que la controversia existe y que debe resolverse entre Argentina y Reino Unido.
La pretensión británica de presentar la situación como definitivamente resuelta entra en tensión con esa realidad diplomática.
¿Y los habitantes de las Islas?
Aquí aparece uno de los principales argumentos británicos.
El Reino Unido sostiene que los habitantes actuales tienen derecho a la autodeterminación y que no debería negociarse ninguna modificación del estatus de las Islas contra su voluntad.
Puede consultarse directamente la posición oficial británica, que afirma que el principio de autodeterminación constituye el núcleo de su argumentación contemporánea.
Argentina rechaza que ese principio sea aplicable de esa manera al caso Malvinas.
¿Por qué?
Porque desde la perspectiva argentina no estamos ante un pueblo originario sometido por una potencia extranjera y que busca independizarse.
Estamos ante una controversia territorial en la cual una potencia ocupó un territorio, desplazó a las autoridades de otro Estado y posteriormente desarrolló allí una población vinculada con la potencia administradora.
Permitir que esa población determine por sí misma a qué Estado pertenece el territorio implicaría, permitir que una ocupación territorial termine legitimándose a sí misma con el paso del tiempo.
La ONU habla de los “intereses”, no de los “deseos”
La Resolución 2065 contiene una elección de palabras que Argentina considera fundamental.
Cuando llama a negociar, establece que deben tenerse en cuenta los intereses de la población de las Islas.
No habla de convertir a esa población en una tercera parte de la disputa de soberanía.
Las partes identificadas son Argentina y Reino Unido.
Argentina sostiene por eso que los habitantes deben tener plenamente garantizado su modo de vida, sus derechos, sus propiedades y sus intereses.
Eso está incluso incorporado a la Constitución argentina.
Pero distinguir los derechos de los habitantes de la titularidad soberana sobre el territorio es una parte central de la posición nacional.
El referéndum de 2013 no resolvió la soberanía
En marzo de 2013 se realizó en las Islas un referéndum sobre la continuidad de su estatus como territorio británico de ultramar.
El 99,8 % de quienes votaron se pronunció por mantener ese vínculo.
El Gobierno británico utiliza ese resultado como demostración de la voluntad de los habitantes.
Argentina no desconoce que quienes viven actualmente en las Islas manifiestan mayoritariamente una identidad británica.
Lo que rechaza es que ese dato pueda resolver unilateralmente una disputa territorial entre dos Estados.
El referéndum confirmó la preferencia política de los habitantes.
No terminó con la Cuestión Malvinas.
La prueba es sencilla: Naciones Unidas continúa tratando el conflicto después de 2013.
¿La guerra de 1982 modificó la soberanía?
Tampoco.
Argentina recuperó militarmente las Islas el 2 de abril de 1982.
El Reino Unido respondió militarmente y retomó el control del archipiélago el 14 de junio.
Argentina perdió la guerra.
Pero una derrota militar no equivale jurídicamente a renunciar a un reclamo territorial.
Después del conflicto, la propia Asamblea General de Naciones Unidas volvió a reclamar negociaciones.
La Resolución 37/9, adoptada en noviembre de 1982, pidió a Argentina y Reino Unido reanudar el diálogo para encontrar una solución pacífica.
Por eso es incorrecto sostener que la guerra “decidió” jurídicamente de quién son las Islas.
Lo que decidió fue quién volvió a controlar militarmente el territorio.
La controversia de soberanía sobrevivió al conflicto.
Malvinas tampoco es solamente un grupo de islas
Hay otra dimensión que muchas explicaciones dejan en segundo plano.
Controlar Malvinas significa controlar mucho más que aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados de tierra.
Alrededor del archipiélago existen enormes espacios marítimos con recursos pesqueros, potencial hidrocarburífero y una posición estratégica excepcional en el Atlántico Sur.
Por eso la disputa tiene también una dimensión económica.
En IslasMalvinas01 venimos siguiendo desde hace años el problema de los recursos naturales y la plataforma continental argentina.
La pesca permitió desarrollar una importante fuente de ingresos alrededor de las Islas.
Ahora el proyecto petrolero Sea Lion podría abrir una nueva etapa.
La controversia determina entonces quién otorga licencias, quién explota los recursos y quién obtiene los ingresos derivados de ellos.
El petróleo vuelve tangible la soberanía
Durante décadas, hablar de soberanía podía parecer para muchos una discusión predominantemente histórica o diplomática.
Sea Lion demuestra que no es así. Los recursos se explotan en el presente.
Argentina acaba de volver a utilizar herramientas jurídicas contra empresas vinculadas con la explotación petrolera alrededor de Malvinas.
Como explicamos en nuestra nota sobre el avance argentino contra el negocio petrolero en Malvinas, el Gobierno inició procedimientos contra decenas de personas y empresas que participarían directa o indirectamente de esas actividades.
Desde la posición argentina, esas explotaciones carecen de autorización nacional y se desarrollan unilateralmente dentro de espacios afectados por la disputa.
La soberanía, en consecuencia, también significa control sobre recursos, mar, energía y capacidad económica.
También significa controlar una posición estratégica en el Atlántico Sur
Malvinas ocupa una ubicación central dentro del Atlántico Sur.
Su importancia no se limita a Argentina y Reino Unido.
El archipiélago se encuentra relacionado geográficamente con Tierra del Fuego, las rutas marítimas australes, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la proyección hacia la Antártida.
Incluso episodios históricos como la Batalla de Malvinas de 1914 muestran que la importancia estratégica de las Islas precede ampliamente al conflicto argentino-británico contemporáneo.
Hoy esa relevancia combina infraestructura militar, pesca, hidrocarburos, ciencia, logística y proyección antártica.
Por eso reducir Malvinas a una cuestión sentimental sería un error.
Es una cuestión de territorio, recursos y poder.
Entonces, ¿son argentinas o británicas?
Desde una mirada argentina, la respuesta no necesita esconderse detrás de una falsa neutralidad:
las Islas Malvinas son argentinas.
Son consideradas por la Constitución parte integrante del territorio nacional y Argentina sostiene que el ejercicio de su soberanía fue interrumpido por la ocupación británica de 1833.
El Reino Unido controla actualmente el archipiélago y sostiene que posee soberanía.
Esa posición británica debe ser explicada porque forma parte de la controversia.
Pero explicar la posición británica no obliga a presentarla como una verdad jurídica indiscutida.
Precisamente ocurre lo contrario.
Si la soberanía británica estuviera internacionalmente fuera de discusión, no existiría una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas ni habría resoluciones llamando a Argentina y Reino Unido a negociar.
Administración británica no significa soberanía resuelta
La manera más precisa de describir la situación actual es entonces la siguiente:
Las Islas Malvinas forman parte del territorio reclamado como propio por la República Argentina y se encuentran bajo administración británica como consecuencia de una ocupación iniciada en 1833. La soberanía permanece en disputa entre ambos Estados.
Desde la perspectiva argentina, recuperar el ejercicio pleno de soberanía no significa alterar los derechos o el modo de vida de quienes viven actualmente allí.
La propia Constitución establece exactamente lo contrario.
El desafío argentino consiste en recuperar el territorio por medios pacíficos y conforme al derecho internacional.
Esa combinación es importante.
Argentina no necesita exagerar sus argumentos para sostener su reclamo.
Tiene historia, continuidad diplomática, una cláusula constitucional específica y una controversia internacional que sigue abierta después de casi dos siglos.
Por eso la pregunta “¿de quién son las Malvinas?” puede tener una situación práctica sencilla pero una respuesta política y jurídica mucho más profunda.
Hoy las administra el Reino Unido.
Pero para la Argentina, las Malvinas son y siguen siendo argentinas.
Para profundizar en la cuestión, conviene acudir directamente a las fuentes primarias. La Constitución Nacional Argentina establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes son parte integrante del territorio nacional; la Cancillería argentina reúne las resoluciones y antecedentes de la Cuestión Malvinas en Naciones Unidas; y la propia Organización de las Naciones Unidas mantiene a las Islas dentro de su agenda de descolonización, recordando que la Resolución 2065 reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido. Estos documentos permiten comprobar que, más allá de las posiciones políticas de cada país, la controversia internacional sobre la soberanía de Malvinas continúa abierta y pendiente de una solución negociada.
