Plataforma Eirik Raude |
La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
La orden judicial establece que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, involucra -en principio- a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fundamento de los fiscales es que las operaciones se realizan sin “autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
La URA logró identificar los activos de las compañías en el exterior y descubrió que una de las firmas imputadas, la estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que también impulsaron el embargo de sus bienes.
La fiscalía y la URA solicitaron el secuestro y embargo preventivo de tres buques dedicados a tareas de relevamiento de datos estratégicos en el Atlántico Sur: el PGS M/V “Ramform Sterling”, PGS “Ramform Titan” y el “Falcon Explorer”, además del “MV Poseidon”, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas ambientales.
La medida abarca, también, a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona.